La situación de Vicentin continúa siendo crítica. A pesar de la declaración de la empresa sobre su intención de reanudar operaciones, enfrenta múltiples desafíos significativos. Desde su entrada en default en diciembre de 2019, con deudas que superan los 1,500 millones de dólares, la crisis se ha profundizado, generando descontento entre los trabajadores que han protestado por la falta de pago de sus salarios.
Recientemente, un grupo de empleados instaló una carpa frente a la planta de Avellaneda, simbolizando la lucha por sus derechos laborales. Vicentin ha manifestado que podría reiniciar actividades en sus plantas de Ricardone y Avellaneda, pero para ello necesita cumplir con requisitos fundamentales: aval sindical, provisión de energía y confirmación de acuerdos clave con clientes.
Propuestas para la Reactivación
El directorio de Vicentin ha emitido un comunicado donde se muestra dispuesto a reanudar operaciones gracias a una oferta de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A. Estas empresas han propuesto adelantar el 50% del precio de procesamiento de girasol y etanol, lo que permitiría cubrir costos urgentes como salarios y servicios públicos. Sin embargo, este plan aún no se ha concretado y ha generado escepticismo en el entorno gremial.
Desde el ámbito sindical, se cuestiona la viabilidad de los pagos parciales, señalando que la situación actual es más grave que en meses anteriores, cuando se había realizado un depósito del 30% de los salarios. Además, las deudas de Vicentin con proveedores complican aún más la posibilidad de asegurar un suministro energético continuo, esencial para cualquier intento de reactivación.
Desafíos Financieros y Judiciales
El panorama se complica aún más por la paralización total de las operaciones desde el 4 de abril. Vicentin se encuentra en concurso de acreedores desde 2020 y enfrenta múltiples juicios, así como una causa penal por maniobras fraudulentas. En febrero, se frustró la homologación del acuerdo que se había alcanzado con inversores clave debido a apelaciones de acreedores, incluyendo el grupo Grassi.
La Postura de Grassi
Mariano Grassi, uno de los principales acreedores de Vicentin, ha dejado claro que no colaborará mientras la actual gestión esté a cargo. Su negativa a participar se basa en la falta de confianza en la dirección de la empresa, afirmando que solo aportará recursos cuando se formalice una etapa de cram down, permitiendo la llegada de nuevos accionistas. Grassi responsabiliza a la dirección actual por el colapso operativo y financiero de la agroexportadora.
Perspectivas Futuras
En medio de esta incertidumbre, la situación de Vicentin es una mezcla de desesperación y esperanza. Aunque se ha planteado la posibilidad de reinicios parciales, no hay fechas ni garantías claras. La tensión se palpita en los frentes laboral, judicial, financiero y social.
La única certeza es que los problemas estructurales que llevaron a la crisis inicial siguen sin resolverse. Vicentin asegura estar lista para volver a operar, pero sin el respaldo de los trabajadores y las condiciones básicas aseguradas, el futuro de la empresa se mantiene en un limbo, y la escalada del conflicto parece inevitable.
